Capitulo8

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CAPÍTULO VIII • CONSECUENCIAS DE LA PRISIÓN POLÍTICA Y LA TORTURA
CAPÍTULO VIII
Consecuencias de la
prisión política y la
tortura
Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura
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 INFORME • COMISIÓN NACIONAL SOBRE PRISIÓN POLÍTICA Y TORTURA
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 CAPÍTULO VIII • CONSECUENCIAS DE LA PRISIÓN POLÍTICA Y LA TORTURA
EL IMPACTO DE LA DETENCIÓN
L
a declaración de estado de guerra interna definió como enemigos a los parti
darios del gobierno de la Unidad Popular y a los miembros de los partidos
políticos de la izquierda chilena. Las Fuerzas Armadas y de Orden tomaron rápi-
damente el control del país. Personeros del gobierno derrocado, dirigentes polí-
ticos, sociales y sindicales, profesores universitarios y otras personas de relevan-
cia pública asociadas al gobierno depuesto fueron conminados a presentarse ante
las nuevas autoridades. Las escuelas, las universidades, las oficinas, las fábricas,
los asentamientos de la reforma agraria y los hogares de miles de familias fueron
allanados para buscar armas. Miles de personas fueron arrestadas y recluidas en
recintos deportivos, oficinas públicas, regimientos, barcos, recintos policiales y
otros lugares que fueron habilitados para que funcionaran como centros de de-
tención.
Las características de estas detenciones causaron un gran impacto en los afectados
y en quienes presenciaron estas situaciones. El maltrato verbal a personas
desarmadas fue un hecho generalizado. El despliegue desproporcionado de fuerza
producía una profunda sensación de indefensión, de vulnerabilidad, desamparo e
incertidumbre por tales actos. El desconcierto y el temor se amplificaban al
constatar que no había instancia alguna para reclamar por el atropello y la
arbitrariedad, ni siquiera para obtener la restitución o el resarcimiento de los
enseres, maquinarias e instrumentos de trabajo destruidos.
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 INFORME • COMISIÓN NACIONAL SOBRE PRISIÓN POLÍTICA Y TORTURA
En los meses posteriores al golpe militar, los detenidos se multiplicaban y los
frecuentes traslados de prisioneros dificultaban el trabajo de sus familiares
empeñados en seguirles el rastro para proteger sus vidas. Las autoridades
informaban de las detenciones como hechos consumados y legítimos ante los
cuales no había instancias de apelación. La información oficial justificaba las
acciones represivas como un costo inevitable en procura de la salvación de la
patria, buscaba el respaldo y la adhesión de la ciudadanía.
Muchas personas permanecieron inicialmente detenidas por días, semanas o meses,
sin cargos, esperando con angustia el desenlace de su incierta situación. Un número
significativo de ellas fueron torturadas antes de ser liberadas. Otras, torturadas
también, permanecieron recluidas durante meses en cárceles y otros recintos a lo
largo del país, sin que nunca se les iniciara proceso alguno; inclusive, muchos
presos, después de que fueran puestos a disposición de las fiscalías militares, eran
trasladados por períodos de meses y aún de años a recintos carcelarios, sin
habérseles instruido ningún proceso en el intertanto.
Los miles de detenidos sometidos a consejos de guerra sólo representan una parte
del total de personas que sufrieron prisión política. Los cargos imputados variaban
desde delitos escasamente comprobables hasta la amplificación de supuestas
conspiraciones. Éstas se basaban en situaciones lícitas hasta el 11 de septiembre
de 1973, como la militancia política en partidos de izquierda. Las acusaciones
calificaban a los detenidos como agitadores peligrosos y como una amenaza para
la patria, y en muchos casos se les atribuía la comisión de innumerables delitos.
En algunos lugares estas inculpaciones recibieron abundante publicidad en la
prensa local, sin que los afectados pudieran defenderse de la estigmatización
pública. A la privación de libertad se agregó la agresión a su honra y dignidad. En
reiteradas oportunidades ciudadanos corrientes, padres y madres de familia, fueron
denigrados por el sólo hecho de haber sido detenidos, y además se les calificaba
como extremistas, como delincuentes subversivos, como un peligro para la
sociedad, causando menoscabo, de paso, a sus familiares.
Según lo relatado por quienes concurrieron ante esta Comisión, la sorpresa ante
la brutalidad que debieron padecer intensificó el impacto de la situación,
especialmente en el caso de los que fueron detenidos en 1973. La mayoría señaló
que, al ser liberados, casi no se refirieron a lo que se vieron forzados a padecer, ni
siquiera en el ámbito de sus relaciones más cercanas. Algunos relataron que
debieron padecer o presenciar interrogatorios, torturas y malos tratos de todo
tipo, y que experimentaron hambre, frío y hacinamiento. A consecuencia del
horror vivido, incluso a una distancia de décadas, cuando declararon ante esta
Comisión, les resultó difícil recordar y poner palabras a sus emociones y miedos.
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 CAPÍTULO VIII • CONSECUENCIAS DE LA PRISIÓN POLÍTICA Y LA TORTURA
Sin embargo, en ese tiempo, las historias circulaban de boca en boca, difundiendo
rumores de torturas, de fusilamientos, de detenidos que eran trasladados y cuyo
rastro se desvanecía. La brutalidad sin precedentes que surgía de los relatos los
hacía inverosímiles para muchos y no era posible, en la época en que ocurrieron,
verificar si se trataba de hechos ciertos. Los medios de comunicación informaban
escuetamente de los resultados de los consejos de guerra y de las ejecuciones y no
era fácil dimensionar lo que sucedía efectivamente. La falta de información,
acompañada de rumores alarmantes, intensificaba el miedo entre quienes se juzgaba
que estaban bajo amenaza. Su percepción de vulnerabilidad, desprotección y
desamparo ante la arbitrariedad y la injusticia era creciente. El silencio generalizado
sobre lo vivido alimentaba el miedo. La indefensión de quienes habían sido
autoridades políticas, ministros de Estado, rectores y profesores de universidades,
diputados, senadores, dirigentes sindicales, amplificaba la sensación de
desprotección legal. Los derechos reconocidos hasta entonces no estaban
garantizados. Para muchos, el mundo que los rodeaba se tornó inseguro y
amenazante, y se intensificó la angustia por su propia vida, por la vida de sus
familiares, de sus amigos, vecinos y compañeros de trabajo o de filiación política.
La mayoría de los detenidos no tuvo defensa ni recibió apoyo de ningún organismo
de derechos humanos. Si bien el Comité Pro Paz empezó a prestar asistencia desde
octubre de 1973 en Santiago, y hubo ayuda de obispos, pastores y profesionales en
distintas ciudades del país, la magnitud de la situación superó con creces la posibilidad
de que pudieran prestar auxilio al gran número de personas que lo requerían. La
defensa legal de personas procesadas en consejos de guerra, la ubicación de detenidos
cuya aprehensión no era reconocida, el entierro de personas que habían sido
ejecutadas, así como el apoyo para que algunas personas cuyas vidas corrían peligro
pudieran salir del país, dieron origen a las líneas de trabajo del Comité Pro Paz
(1973-1975) y, luego, de la Vicaría de la Solidaridad. Muchas personas también
requirieron atención médica y psicológica, la que se incorporó posteriormente a la
asistencia solidaria en Santiago. Sin embargo, todo se hacía insuficiente ante el gran
número de personas detenidas y torturadas en todo el país.
Los organismos de derechos humanos documentaron las situaciones de quienes
acudieron a solicitar ayuda y las acciones realizadas en su favor. Esta información
permitió, entre otras cosas, establecer un perfil de las personas atendidas y de las
situaciones que las apremiaban, aunque no hubiese claridad acerca del universo
de quienes fueron afectados. No existe información sobre el número de detenidos
de todo el período. Cuando esta Comisión inició su trabajo, se disponía de
estimaciones efectuadas sobre la base de distintas fuentes, tales como los recursos
legales presentados en los tribunales, informaciones de prensa, información
oficial del propio régimen militar, denuncias ante los organismos internacionales
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